Aedaf denuncia que la crisis ha elevado el “afán recaudatorio” de Hacienda

“Desde la crisis, la Agencia ha recibido menos ingresos y eso ha generado una necesidad de recaudar más” que ha llevado al fisco a “rebajar los controles de legalidad” para obtener más fondos con un “afán recaudatorio”, denunció ayer José Ignacio Alemany, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) durante unas jornadas sobre el delito fiscal.

En declaraciones ante la prensa, Alemany expuso que en la última década el fisco “ha sido menos exigente a la hora de emitir liquidaciones que se ajusten a la legalidad lo que ha generado que haya muchos más recursos” lo que ha terminado “colapsando la jurisdicción contencioso-administrativa”, con un creciente número de pronunciamientos contrarios a las prácticas de la Agencia Tributaria.

Durante las jornadas, por ejemplo, se denunció que algunos jueces llamen como peritos judiciales a los inspectores que instruyeron el caso que se juzga, lo que implica dar calidad de prueba al testimonio de una de las partes en litigio. Una práctica que ya ha sido anulada por el Tribunal Supremo, pero ante la que desde Aedaf se reclama la creación de un cuerpo de peritos independientes especializados en materia económica y fiscal que den soporte a los jueces con absoluta imparcialidad.

El colectivo también ha solicitado la creación de juzgados especializados en la materia para descargar a la vía contenciosa o la económico-administrativa, en la que una causa puede tardar “15 años” en resolverse en firme. De hecho, Alemany expuso que, para evitar esta tardanza, el propio fisco está optando por acudir a la vía penal si la irregularidad que investiga se presume superior a los 120.000 euros que dan pie a hacerlo. Un cauce en el que es habitual que las partes acaben pactando porque al contribuyente no le interesa la pena de “telediario” que supone llegar a juicio, critica Alemany.

Más allá, Aedaf ve posible que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma de 2015 que introdujo la “liquidación vinculada a delito”, que anticipaba la obligación de pagar a la resolución. Algo que definen como “otra vuelta de tuerca en la que el contribuyente pasa de ser ciudadano a presunto defraudador”.

(Cinco Días, 09-10-2019)

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