Desmantelada una red de estafas a deportistas extranjeros en España

El Juzgado 48 de Madrid y la Fiscalía han desmantelado una trama dedicada a estafar a jugadores de fútbol y baloncesto extranjeros en España mediante la apropiación de las devoluciones del IRPF que les correspondían en su condición de no residentes, al tener su domicilio fiscal en otro país.

El fraude era posible gracias a la participación de una alta funcionaria de Hacienda, la exresponsable de Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios, Leonor Sánchez-Caballero, que detectaba las posibles víctimas y facilitaba sus datos fiscales a los abogados implicados, una vez que los jugadores ya habían vuelto a sus países sin pedir la devolución por desconocer que tenían derecho a esas cantidades.

La Fiscalía estima que la cuantía sustraída mediante este modus operandi asciende a los 6,3 millones de euros, según informa El País. La red, formada por varios abogados encargados de asesorar a los deportistas, falseaba las peticiones y falsificaba las firmas de los afectados una vez recibían el aviso de la funcionaria, que recibía a cambio viajes y regalos. El rotativo señala que la empleada pública se incorporó a la trama a través de su expareja, uno de los tres abogados acusados, Juan Ignacio Torrontegui. Los otros dos investigados son Julio Lapausa Verdial y Manuel Val Jiménez

Para conseguir apropiarse del dinero correspondiente a la devolución del IRPF, los acusados habrían utilizado a las firmas de asesoría deportiva Lapver y Star Athletes Society. Entre el centenar de damnificados estarían los ex jugadores del Atlético de Madrid Eduardo Salvio, Elías Mendes y Sinama Pongolle según indica El Mundo. También habrían sido estafados deportistas del Barcelona y el Real Madrid.

Concluida la investigación, que ha durado dos años, la Fiscalía de Delitos Económicos ha presentado su escrito de acusación en el que pide una pena de 11 años de prisión y cinco de inhabilitación para la alta funcionaria de Agencia Tributaria, Leonor Sánchez-Caballero, por estafa, falsedad y aprovechamiento y uso de información privilegiada, y nueve años para los tres abogados implicados.

(El País, 10-09-2019)

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