El Gobierno cambiará por decreto el criterio del Supremo sobre las hipotecas y que sea la banca la que lo pague

El Gobierno recibió con “desasosiego” la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a los clientes a pagar el impuesto sobre las hipotecas. Convencido de que la indignación ciudadana podía llenar las calles de manifestaciones contra el mismo órgano que está a punto de empezar el juicio contra los líderes del ‘procés’, Pedro Sánchez reacciona y fuerza a la banca a pagar.

El Consejo de Ministros aprobará hoy una modificación legislativa para que a partir de ahora sean las entidades financieras y no los clientes quienes asuman el pago de ese gravamen, en una medida, eso sí, que no tendrá retroactividad. Podemos, Ciudadanos y el PDECat la apoyarán en el Congreso (aunque los morados la consideran insuficiente). ERC y PNV no lo han decidido y el PP pide que se elimine el impuesto, que nutre las arcas autonómicas.

La vía para que sean los bancos quienes paguen es un real decreto que el Consejo de Ministros aprobará este jueves para modificar la ley que regula el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos. “Queremos que pague la banca y no la ciudadanía”, resumió Sánchez en una comparecencia celebrada con urgencia en la Moncloa tras reunir a su gabinete para embridar una sentencia que no ha gustado nada al Gobierno.

La norma se publicará el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor a partir del día siguiente, aunque al ser fin de semana en la práctica operará a partir del próximo lunes. Con esta fórmula, los ciudadanos que firmen hipotecas a partir de la semana que viene estarán exentos de pagar el impuesto. No afecta a quienes ya tengan suscrito un crédito. El Gobierno rechaza, en todo caso, la propuesta del PP para eliminar totalmente la tasa, y recuerda que este impuesto permite a las comunidades autónomas una recaudación fundamental para poder sufragar el Estado del bienestar.

Según cálculos de la agencia de calificación Moody's, el pago de este impuesto supone una cantidad aproximada de 640 millones de euros al año.

El Gobierno “lamenta” el fallo del Supremo y cree que el tribunal debería hacer “autocrítica”, pero Sánchez se guardó mucho de abonar la tesis de que la polémica de las hipotecas le desacredita para juzgar el ‘procés’. El juicio a los líderes independentistas empezará en enero y el Ejecutivo admite que un clima de movilizaciones en la calle echando por tierra la reputación del TS es un escenario inquietante. "Tiene que hacer autocrítica el Tribunal Supremo, pero son cosas distintas, nada tiene que ver una con la otra”, desvinculó Sánchez. También dejó un aviso a navegantes cuando le preguntaron qué le parece que su principal aliado, Pablo Iglesias, espolease a los ciudadanos a manifestarse este sábado, azuzando un clima de indignación. "Cada partido es libre de hacer oposición como considere. Nosotros creemos que la oposición se tiene que hacer en las instituciones”, señaló el presidente.

La respuesta de Podemos no gustó al Gobierno. Fuentes de la Moncloa subrayan que mientras sus socios agitan la calle para intentar rentabilizar electoralmente la oleada de enfado, el Ejecutivo legisla con medidas efectivas en el Parlamento.

Sánchez no respondió si, tras el decreto que se aprobará este jueves, el Gobierno desestima o mantiene el proyecto de imponer un nuevo impuesto a la banca. El Ejecutivo admitió la semana pasada que la sentencia del Supremo condicionaba la voluntad de forzar a los bancos a hacer una mayor aportación al Fondo de Garantía de Depósitos para evitar tener que dar nuevas ayudas públicas este año. El presidente remitió esta respuesta al ministerio de Economía.

(Cinco Días, 08-11-2018)

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