La tasa Google pasa su primer examen parlamentario y comienza su tramitación

El nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido como tasa Google por su incidencia en compañías tecnológicas como esta, ha pasado su primer examen parlamentario y continúa su tramitación, después de haber sido rechazadas las enmiendas de devolución del proyecto de ley presentadas por PP, Vox y Ciudadanos. Ahora, el texto se someterá a la Comisión de Hacienda del Congreso, donde se debatirán las más de 90 enmiendas parciales registradas que buscarán su modificación.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Pedro Sánchez se anticipa a la Unión Europea, que ya estudia un gravamen de estas características a nivel comunitario. Eso sí, el planteamiento del Ejecutivo siempre ha sido el de echar a andar un impuesto digital propio que se sustituiría inmediatamente por el que se acabe pactando en el seno de la UE o de la OCDE.

Asimismo, este paso hacia la creación del impuesto digital se produce días después de que Estados Unidos anunciara haber abierto una investigación sobre Europa y nueve países, incluido España, para comprobar si con este tipo de jurisdicciones existe trato discriminatorio hacia sus empresas y si es el caso, plantear medidas arancelarias.

Precisamente, el no esperar a una normativa comunitaria fue una de las críticas que los tres partidos de la oposición manifestaron en la defensa de sus enmiendas con las que querían tumbar el proyecto de ley. Con ello, los tres portavoces, del PP, Vox y Ciudadanos, aseguraron que su aprobación mermará la competitividad de las empresas españolas. Por el contrario, el resto de formaciones reclamaron la nueva tasa como necesaria, sobre todo tras la crisis del coronavirus.

En concreto, este nuevo impuesto, diseñado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, establece un tipo impositivo del 3% sobre tres actividades específicas: la publicidad online, la intermediación entre empresas y particulares o la venta de datos de usuarios. Así, la propuesta contempla que paguen el tributo las empresas que ofrezcan estos servicios siempre que tengan un volumen de negocio de al menos 750 millones de euros en el mundo y tres en España. La estimación oficial es que el nuevo impuesto permitiría recaudar unos 968 millones de euros al año, si bien esta cifra fue recortada desde los 1.200 millones estimados inicialmente ante la desaceleración de la economía española producida antes de la crisis del Covid-19.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha sido la encargada de defender hoy en el pleno del Congreso dicha iniciativa, ha comenzado su intervención apelando a que España tiene “una fiscalidad analógica en un mundo digital” y a la necesidad de una nueva “realidad económica” para que el país se acerque a los niveles de tributación de otros estados.

Además, Montero ha apuntado que tiene el objetivo de gravar a compañías "que pueden tener actividad en un país sin tener presencia en él", aportando actualmente "escasa o nula tributación”, asegurando que no tendrá ningún tipo de impacto sobre las pequeñas y medianas empresas porque "no grava las actividades minoristas de comercio electrónico o las ventas entre particulares".

Así, el impuesto digital ha sido respaldado por el resto de los grupos parlamentarios, a excepción de UPN, socio electoral de PP y Ciudadanos en Navarra, y algunos han manifestado en sus intervenciones sus propuestas o modificaciones al articulado.

(Cinco Días, 05-06-2020)

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