Los funcionarios denuncian a la CE por desproteger sus derechos laborales

Los principales sindicatos de la función pública de todo el continente han anunciado que denunciarán este martes a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia europeo. Los funcionarios acusan al Bruselas de desproteger sus derechos laborales.

Los denunciantes lamentan que el organismo presidido por Jean-Claude Juncker se haya negado a legislar para extender a los 10 millones de empleados del sector público la norma que garantiza en el sector privado el derecho de los trabajadores a ser consultados en casos de reestructuración de la empresa y en relación con normas esenciales de vida laboral como la seguridad, la higiene o la conciliación familiar.

"La negativa de la Comisión es inaceptable, intolerable e incomprensible", lamenta Jan Willem Goudriaan, secretario general de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) durante una rueda de prensa en Bruselas para anunciar la presentación de "una denuncia sin precedentes".

Las organizaciones sindicales consideran que la decisión de la CE "es una burla" a la Europa social que la UE proclamó hace apenas seis meses y en la que consagraba el diálogo social como uno de los pilares de su nueva estrategia para recuperar la confianza de la ciudadanía en el proyecto europeo, baqueteado tras una década de crisis económica.

En aras de la recuperación de esa confianza, las administraciones públicas de 17 países (incluidos España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) suscribieron en 2015 un acuerdo con los representantes sindicales del sector público con las condiciones de consulta y representación de los funcionarios de sus administraciones centrales.

Los sindicatos pidieron a la CE en 2016 que trasladara ese acuerdo al texto de una directiva comunitaria, para que la protección de esos derechos quede blindada legalmente, como ocurre en el sector privado, ante futuros vaivenes políticos o económicos. "Parecía una propuesta ganadora para todos: para administraciones, para funcionarios y para la CE, que reforzaba su apuesta por la agenda social", recuerda ahora Goudriaan.

(Expansión, 16-05-2018)

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