Cataluña, primera autonomía que impondrá topes al precio del alquiler

En plena recta final para las elecciones municipales del próximo domingo, la Generalitat de Cataluña aprobó ayer un decreto ley que limitará la subida de los alquileres en los barrios con mayor demanda insatisfecha. La medida, pactada entre JxCat y ERC se aprobó sin el consenso de los partidos de la oposición ni del sector privado, que ya ha manifestado que, lejos de solucionar el problema, sólo se conseguirá desincentivar a los inversores y reducir el parque de viviendas de alquiler.

La nueva normativa fijará límites a la subida de los alquileres en las zonas con mayor tensión, donde no podrán superar el 10% del índice de referencia. Sólo en el caso de aquellas viviendas que cuenten con elementos extraordinarios como disponer de vistas excepcionales o elementos como piscina o jardín, la normativa permite un incremento adicional del 5%. También hay una excepción para las viviendas de obra nueva, que podrán superar el índice de referencia en un 20% durante los primeros cinco años.

Los pisos que ya están alquilados podrán continuar con el precio anterior a la entrada en vigor del decreto ley, tanto los contratos presentes como los futuros.

Las zonas en las que se aplicará esta contención de rentas serán aquellas que se declaren como "áreas con mercado de vivienda tenso" y, según la norma, deberán hacerlo la conselleria de la Generalitat competente en materia de vivienda, actualmente el Departament de Territori, y, en la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento, mediante acuerdo del pleno del Consejo Municipal.

El proyecto de regulación del precio de los alquileres por decreto ley es una medida urgente mientras el Govern trabaja en un anteproyecto de ley de arrendamientos que incluirá esa medida y otras encaminadas a evitar contratos abusivos. Desde un principio despertó recelos en la conselleria de Territorio, que dirige Damià Calvet, aunque finalmente, a cinco días de las elecciones, JxCat y ERC pactaron su aprobación.

Pero no todos los miembros del partido están de acuerdo. La propia Elsa Artadi, cabeza de cartel de JxCat a la alcaldía de Barcelona, ya manifestó hace una semana su rechazo a la posibilidad de regular por decreto el precio de los alquileres. Ayer, indicó que lo que critica es que se generen "falsas expectativas y promesas, así como frustración" alrededor de esta cuestión. Aseguró que le "inquieta decir qué precio debe poner uno: hay que encontrar incentivos fiscales, ayudas y maneras indirectas en que se pueda utilizar". Por ello, reclamó una política global de vivienda que permita bajar los precios del alquiler un 25% respecto a la actualidad.

Por su parte, el alcaldable del PSC, Jaume Collboni acusó a ERC y a JxCat de "tomar el pelo" a los ciudadanos, después de que el Govern haya aprobado el decreto "a tres días de las elecciones". El sector privado también se ha manifestado en contra del decreto ley. Desde la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) advierten de que el establecimiento de un tope puede favorecer un alineamiento al alza de los precios de oferta de arrendamientos. Creen que se establecerá un precio de referencia máximo al que probablemente tenderán las ofertas que estén por debajo. Además, aseguran que se desincentivará la oferta, tensionando aún más los precios.

El presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, también coincide en que la medida alejará a los inversores y sólo servirá para limitar el crecimiento del parque de vivienda de alquiler. Además, cree que la medida podría incluso reactivar a una demanda que ya había desistido de vivir en áreas muy demandadas como Barcelona.

(La Vanguardia, 22-05-2019)