El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 700 millones para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook

El Consejo de Ministros ha aprobado vía Real Decreto Ley un paquete de medidas urgentes por valor de más de 700 millones de euros destinado a paliar los efectos de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook, así como al fortalecimiento y mejora de la competitividad del sector turístico español.

Entre las medidas destaca una línea de financiación de hasta 200 millones para atender a las empresas afectadas, así como la puesta a disposición de otros 500 millones para apoyar la modernización de infraestructuras turísticas.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, afirmó en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros que el Gobierno ha puesto en marcha "una respuesta razonable a una crisis sobrevenida para amortiguar en términos de empleo y actividad económica la situación un sector tan importante de nuestra economía como es el turismo".

La vicepresidenta desgranó las principales medidas puestas en marcha por el ejecutivo, con especial atención a Baleares y Canarias, para tratar de solventar la situación generada por el operador británico y tratar de dar una respuesta integral tanto a trabajadores como a empresas.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto explicó en una nota de prensa que el Gobierno ha trabajado "intensamente" para coordinar el trabajo de las administraciones públicas con el sector privado a fin de definir un paquete de medidas que se concreta en este real decreto ley "con el que queremos minimizar en lo posible los efectos de la insolvencia de Thomas Cook, pero también mejorar la competitividad y la adaptación del sector turístico, que es clave en la economía española, a las nuevas tendencias globales del mercado".

El Real Decreto-ley, que se compone de cuatro capítulos, divididos en seis artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, indica que "la gravedad de la situación" han hecho imprescindible una acción normativa rápida para responder a una situación de "extraordinaria y urgente necesidad".

Las actuaciones y medidas responden, principalmente, a un principio de temporalidad y atienden a todas las comunidades autónomas afectadas, y especialmente a Canarias y Baleares por ser territorios singularmente afectados por la situación.

(El Mundo, 12-10-2019)