España prevé que el 'sandbox' empiece a funcionar este año

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital prevé que el banco de pruebas para productos y servicios financieros, conocido como Sandbox, empiece a funcionar en 2020 y esté abierto tanto a productos nacionales como internacionales.

Así lo señalaron fuentes del ministerio después de que el Consejo de Ministros haya aprobado el anteproyecto de ley que crea este espacio controlado de pruebas que, según señalan, sería al ámbito financiero lo que los ensayos clínicos al ámbito sanitario, y que permitirá probar proyectos financieros que aporten innovación tecnológica y valor añadido (fintech) de una forma segura para los clientes y los mercados, informa Servimedia.

Este espacio, que dependerá directamente de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, será coordinado por este departamento, pero en la supervisión también participarán otros organismos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a quienes el Tesoro derivará la supervisión de los distintos proyectos dependiendo del tipo de producto al que afecten.

Para la labor coordinada entre supervisores, el proyecto de ley también establece la creación de un canal de comunicación interinstitucional, por lo que desde Asuntos Económicos destacan que el Sandbox es un proyecto transversal que promoverá la colaboración entre instituciones.

Según las fuentes del ministerio consultadas, el objetivo de este espacio es acompañar al sistema financiero en la transformación digital, supervisando y facilitando de forma segura la eliminación de obstáculos regulatorios, por lo que destacan que el Sandbox será beneficioso para todas las partes, ya que permitirá al Gobierno diseñar e implementar mejor el sistema financiero, facilitará el proceso innovador y dará seguridad y garantías a los consumidores y entidades.

Tras su aprobación en el Consejo de Ministros de hoy, el proyecto irá al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria, que el Gobierno espera que sea rápida al tratarse de una cuestión técnica que, en su opinión, no debería generar polémicas o conflictos entre los grupos parlamentarios. Por ello, desde el Ejecutivo confían en que, una vez aprobada la ley, el Sandbox tarde un mes o menos en estar en funcionamiento y que esto ocurra durante 2020.

Además, cuando el proyecto de ley quede aprobado definitivamente, deberá ir seguido de la aprobación de protocolos flexibles que fijen las condiciones de las pruebas de los proyectos, adaptándose a sus características.

El Sandbox contará con tres fases en su funcionamiento. En primer lugar, el régimen de acceso, en el que los proyectos serán presentados en una ventanilla única gestionada por la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, que valorará a qué supervisor corresponde cada proyecto. En este periodo, habrá un plazo para presentar los proyectos y, posteriormente, un mes, ampliable a otro, para evaluar el proyecto y verificar que aporta innovación tecnológica y valor añadido. Según señalaron desde el ministerio de Asuntos Económicos, habrá dos cohortes al año para la presentación de proyectos, sin que por el momento haya un objetivo de proyectos mínimo ni máximo, y con la posibilidad de que participen proyectos de otros países tanto de dentro como de fuera de la UE.

En segundo lugar, el régimen de realización de las pruebas, con un periodo de tres meses para que el supervisor y el promotor del proyecto aprueben el protocolo. En esta fase, se protegerá al consumidor y se le facilitará un documento en el que se explique el proyecto del que va a formar parte, al tiempo que se garantizará la responsabilidad del promotor.

Por último, tendrá lugar el régimen de salida, en el que se examinarán los resultados del proyecto y el promotor deberá realizar una memoria al supervisor. Una vez evaluado el proyecto, en caso de determinar que existe alguna barrera regulatoria que se opone al mismo, los supervisores deberán determinar si dicho proyecto ofrece el valor añadido y la seguridad suficientes como para recomendar la eliminación de dicha barrera.

(Expansión, 19-02-2020)