El Gobierno ha puesto el foco en grandes empresas y rentas altas para apuntalar la reforma fiscal que plantea para 2021

Con la que espera recaudar 8.200 millones de euros extra, como señal a Bruselas de que el aluvión de ayudas comunitarias no hará olvidar al país su compromiso con el equilibrio de las cuentas públicas. Así, una cuarta parte del alza fiscal recaerá en apenas 1.700 empresas y los 36.200 contribuyentes con mayores ingresos del país. Se trata en realidad de una adaptación parcial de la reforma tributaria progresista pactada inicialmente por los socios de Gobierno, pero suavizada en el marco de la pandemia, según admitió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Estos son los cambios que introduce:

La novedad en el impuesto de Sociedades es que el Ejecutivo retoma la reducción del 100% al 95% en las exenciones sobre dividendos y plusvalías aplicadas a las participaciones de las empresas españolas en filiales patrias o extranjeras. De esta forma, ese 5% de beneficios hasta ahora exentos pasarán a tributar al 25% que marca el impuesto. La modificación dejará fuera a las empresas con una facturación inferior a los 40 millones de euros durante tres años, a fin de mantener incentivos a la internacionalización de las pymes. Su efecto se limitará, de momento, a 1.739 grandes empresas, de las cerca de 1,5 millones que hay registradas (buena parte inoperativas), el 0,12% del total. Busca recaudar 1.520 millones.

Las empresas han criticado la medida por el riesgo de que infrinja una doble tributación sobre los beneficios de filiales extranjeras, gravadas en el país de origen y en España. Su mero anuncio en 2018 y 2019, adelantó el cobro de dividendos en los dos últimos años. El Gobierno de coalición ha dejado de lado por ahora, eso sí, su principal objetivo en el impuesto de Sociedades: la fijación de un tipo mínimo del 15% para evitar que las empresas, sometidas a un nominal del 25%, acaben pagando por debajo de ese umbral aprovechando beneficios fiscales. El mínimo sería del 18% para banca y las petroleras, sujetas a un 30%.

En el campo del impuesto sobre la renta, PSOE y Podemos habían acordado un alza del gravamen de dos puntos sobre las rentas de más de 130.000 euros y de cuatro puntos sobre las de más de 300.000 euros. Finalmente, sin embargo, el alza será de dos puntos a partir de los 300.000 euros de ingresos anuales, lo que solo afecta al 0,07% de los contribuyentes, aseveró Montero. Como resultado, el tipo marginal aplicado a este grupo pasará en líneas generales del 45% al 47%, si bien el umbral varía con fuerza entre regiones y oscilará entre el 45,5% de Madrid y el 50% de Cataluña, por ejemplo.

En paralelo, el Gobierno revisa la fiscalidad del ahorro, para incrementar el gravamen en tres puntos a partir de los 200.000 euros. La medida afectará a 17.000 contribuyentes, que aportarán 21 millones adicionales. Entre ambas medidas, la recaudación de IRPF crecerá en 491,4 millones a costa de 36.194 contribuyentes, el 0,17% del total.

Una de las principales novedades del plan del Ejecutivo es que recupera el impuesto de Patrimonio como una figura tributaria de carácter indefinido, pues este había sido abolido en 2008 y recuperado “temporalmente” en 2013 para hacer frente al coste de la crisis anterior. Desde entonces se venía prorrogando anualmente hasta ahora, que vuelve a formar parte del marco fiscal estable. Más allá, el Ejecutivo ha dejado finalmente de lado la idea de Podemos de crear un impuesto específico sobre las grandes fortunas, si bien ha aceptado elevar la presión fiscal que ya se ejerce sobre ellas a través de Patrimonio. En este campo, el plan presupuestario contempla un alza de un punto en el tipo aplicado a los patrimonios de más de 10 millones de euros, del 2,5% al 3,5%. Podría aportar hasta 339 millones a las arcas autonómicas, pero no todas aplican este gravamen.

El plan presupuestario también eleva la presión sobre las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, las socimi, sobre las que se aplicará una tributación mínima del 15% sobre sus beneficios no distribuidos como dividendo a sus socios. Se busca recaudar 25 millones.

Siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Ejecutivo ha optado por reducir las ventajas fiscales de las que gozan los planes privados de pensiones. En este terreno, el Estado deja de percibir anualmente 1.643 millones de euros al no gravar las aportaciones de 2,4 millones de beneficiarios de estos planes. Hacienda aspirar a recaudar 580 millones extra al rebajar de 8.000 a 2.000 el límite exento, mientras que elevará hasta 10.000 el umbral permitido en los planes de empresa para incentivar su uso. Montero recordó que el 58% de los contribuyentes hace aportaciones por debajo de 1.000 euros y que, según la Airef, el modelo actual beneficia básicamente a las rentas altas porque las bajas no son capaces de rentabilizar la ventaja fiscal.

En paralelo, el Gobierno revisa la fiscalidad de las primas de seguros, que no ha sufrido variación desde 1998, elevando su gravamen del 6% al 8%. La cifra, destaca Hacienda, aún queda lejos del 19% de Alemania, el 12% de Reino Unido o el 12,5% al 21,5% de Italia, pero permitirá ingresar 507 millones más. Aunque no tiene impacto fiscal, el Gobierno aprovecha el plan presupuestario para prorrogar un año más el régimen de tributación por módulos en IRPF e IVA, evitando endurecer el sistema –como lleva previsto legalmente desde 2018– para facilitar las cosas a unos 500.000 autónomos en el contexto de la crisis.

Pese a debatirlo internamente, el Gobierno no elevará finalmente la fiscalidad de la sanidad y la educación privadas. En cambio, sin ánimo recaudatorio, y en pos de la salud alimenticia, asevera Hacienda, el plan incorpora elevar el tipo de IVA aplicado a las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, lo que arrojará 400 millones. Eso sí, la medida solo afecta a su compra en supermercados y comercios, y no al consumo en bares y restaurantes, para evitarles el golpe en plena pandemia.

En el campo de la fiscalidad verde, en la que España se sitúa muy por debajo de la UE, el Ejecutivo ha decidido modificar el impuesto sobre hidrocarburos para acercar la tributación de diésel a la de la gasolina. Reducirá la bonificación fiscal del primero, para dejar el tipo estatal general de este combustible en 34,5 céntimos, frente a 30,7 actuales o los 40,07 de la gasolina. El alza supone un gasto de 38 euros por cada 1.000 euros de carburante. Para un depósito de 50 litros, son tres euros con el IVA incluido. Es decir, estima Hacienda, 3,45 euros más al mes para el consumidor medio, el que hace 15.000 kilómetros al año. La medida no afectará a transportistas profesionales y arrojará 500 millones.

En esta misma línea, pero ya fuera del Presupuesto, se sitúa una de las principales novedades de la reforma, la creación de un impuesto estatal sobre residuos “que penalice las opciones de gestión de residuos menos sostenibles, el depósito en vertedero y la incineración”, detalla el Ejecutivo, para ingresar 861 millones. La medida “sigue las recomendaciones de varias directivas europeas para reducir el porcentaje de residuos en vertederos”, dice Hacienda. Otra de las novedades previstas por el Ejecutivo para 2021 es la creación de un impuesto a los envases de plástico no reutilizables, para ingresar 491 millones.

En paralelo al plan presupuestario, el Gobierno cuenta también para 2021 con el nuevo impuesto sobre los negocios digitales, la llamada Tasa Google, que entrará en vigor el 16 de enero tras su reciente aprobación. Busca recaudar 968 millones en 2021 gravando al 3% las operaciones de publicidad online, intermediación digital entre consumidores o la venta de datos de usuarios de las compañías que facturen al menos 750 millones en el mundo y tres en España.

Del mismo modo, el plan tampoco incluye el impuesto sobre las transacciones financieras, la tasa Tobin, aprobada en paralelo a la Tasa Google, que entrará en vigor a mediados de enero. Su objetivo es ingresar 850 millones anuales, gravando al 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones. Finalmente, el Ejecutivo cuenta con aprobar próximamente la ley de medidas antifraude, para ingresar 828 millones, limitando el pago en efectivo entre profesionales a 1.000 euros; ampliando la lista de morosos o mejorando la lucha contra la elusión fiscal. Y hay otras medidas por 250 millones.

(Expansión, 28-10-220)

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