El Gobierno busca vías para que el ICO pueda reestructurar los créditos

El Gobierno, la banca y los empresarios llevan más de un mes trabajando en diversas fórmulas que eviten que las empresas puedan caer por falta de liquidez en los próximos meses como consecuencia de la mayor virulencia de la crisis sanitaria, ya convertida en una crisis económica más drástica de lo previsto en marzo, cuando comenzaron las medidas de ayudas para el tejido industrial para paliar la parálisis de la economía. El diseño de las nuevas medidas para apoyar a las empresas podría estar listo en las próximas semanas, aunque la decisión final no depende del Gobierno español, sino de la Comisión Europea, ya que estarían incluidas en el marco temporal de ayudas por el Covid.

Estas medidas tienen como protagonista al ICO y a la banca. La idea sobre la que se está trabajando es ampliar los plazos de amortización de los créditos con garantía del Estado, ahora situado en un tope de cinco años para la primera línea de avales de 100.000 millones de euros y poder extenderlos a unos ocho años, como ya figura en las condiciones de la segunda línea de avales del Estado por 40.000 millones destinada en esta ocasión a inversiones. Además, se pretende otorgar periodos de carencia superiores a un año (ahora son seis meses) a dichos préstamos con garantía del ICO, para pasar a dos años como mínimo, moratorias estas que no figuran en la actualidad en las condiciones de las líneas ICO.

Además, se estudia dotar de un esquema al ICO que permita reestructurar sus créditos a las empresas de forma similar a como lo hacen los bancos (con quitas y conversión de deuda en capital, entre otras medidas). Pero todo este esquema necesita la aprobación de Bruselas porque los ICO están dentro del marco de exención de ayudas de Estado. Llevar a cabo estas resulta más complicado de lo que previsiblemente parece, puesto que requiere, además de los permisos pertinentes de la CE, cambios regulatorios y del marco estatutario del Instituto de Crédito Oficial.

Estas medidas ahora en debate quieren evitar que la morosidad se dispare a partir de marzo del año que viene, fecha en la que finaliza el año de carencia de los ICO, como consecuencia de la imposibilidad de pago por parte de las empresas ante el endurecimiento de la crisis. Pero a la vez busca que estas empresas no entren en concurso de acreedores por falta de liquidez por las circunstancias creadas por el Covid, ya que muchos de estos posibles impagos se producirían en compañías que serían viables en otras circunstancias.

Otra consecuencia es que estos impagos podrían elevar el déficit del Estado ya que los créditos ICO están avalados por el Estado en un 70% a 80% de su importe. A todo ello habría que sumar el hecho de que subir de un plazo de amortización de un crédito ICO de cinco a ocho años, medida que pretende dar oxígeno a la empresa para pagar el préstamo, supondría en la actualidad aumentar el tipo de interés que pagan las entidades financieras al organismo que preside José Carlos García de Quevedo.

El coste se fija según el plazo de amortización y si es pyme o empresa. Así, según el acuerdo marco firmado entre la banca y el ICO para la segunda línea de créditos por 40.000 millones, y en los que sí existe un plazo de hasta ocho años para amortizar el crédito, los bancos pagan al ICO por cada aval destinado a pymes y autónomos, que cubre el 80% del crédito, que concedan hasta 188 puntos básicos para un plazo de amortización superior a los siete años, que sube a los 285 puntos básicos para las grandes empresas, y en las que las garantías ascienden al 70% de la financiación.

(Cinco Días, 23-10-2020)