La Abogacía Española recurre la especialización de juzgados en cláusulas suelo

El Consejo General de la Abogacía Española tiene previsto recurrir ante el Tribunal Supremo la especialización de un juzgado por provincia en materia hipotecaria que la administración de Justicia ha impulsado para tratar de evitar un colapso de los juzgados. La abogacía solicita la suspensión de la medida acordada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante un recurso contencioso administrativo ante el Alto Tribunal español.

El colectivo alega que el plan vulnera el derecho a una justicia efectiva puesto que supondrá liberar de parte de su carga el resto de juzgados a costa de desbordar las nuevas sedes especializadas en materia hipotecaria obligando además a los interesados en demandar a desplazarse al único juzgado provincial que atenderá sus causas.

“Solicitamos que se respeten las normas de competencia y que se turnen los asuntos según las reglas de carácter ordinario” ha aseverado este jueves la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

Los nuevos juzgados especializados, que se dedican de forma exclusiva pero no excluyente a los asuntos hipotecarios, se pusieron en marcha el pasado 1 de junio. Desde entonces, según los datos recopilados por el CGPJ, han registrado más de 2.000 demandas de temática hipotecaria. En concreto, solo entre las 13 comunidades autónomas que tienen el sistema judicial informático LexNET, todas salvo las de Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco, se han recibido ya 1.968 causas susceptibles de ser remitidas a los juzgados especializados.

Se trata de un incremento del 73,4% en el número de procedimientos sobre condiciones generales de la contratación. Son objeto de demanda las cláusulas de vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca, hipotecas multidivisa y, especialmente, las cláusulas suelo.

Estas son objeto de un nuevo aluvión de litigios porque acaba de concluir el plazo de negociación extrajudicial impulsado por el Gobierno después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara en diciembre que la banca debe devolver todo lo cobrado de más por cláusulas suelo opacas con retroactividad total.

(Expansión, 16-06-2017)

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